En mi opinión, para desarrollar adecuadamente nuestras funciones, tradicionales y nuevas, y afrontar la necesaria adaptación a los nuevos tiempos, además de todo lo que con tanta brillantez se ha expuesto ya, es fundamental disponer de un adecuado grado de protección por parte de los poderes públicos. Por ejemplo, la facultad de impetrar el auxilio de la autoridad policial para el ejercicio de las funciones no puede seguir estando amparada sólo por un precepto reglamentario. Igualmente, la competencia en asuntos de jurisdicción voluntaria tiene que ir acompañada de una presunción de legalidad lo suficientemente potente cómo para ponernos a salvo frente a amenazas de querellas y similares. Y, sobre todo, desde los órganos corporativos se deben arbitrar medidas de apoyo a los Notarios que se vean en peligro de intentos de coacciones similares. No vale el socorrido "algo habrá hecho", ni la reduccción al seguro de responsabilidad civil.